Plan Integral de Justicia para Migrantes

Orientación
La orientación de la plataforma del Plan Integral de Justicia para Migrantes está dirigida hacia la justicia en lugar de cualquier conveniencia política.

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Esta es la creencia de aquellos que planteamos en esta plataforma que la justicia puede hacerse únicamente cuando la injusticia del sistema actual es completamente y cuidadosamente expuesta. Nosotros enfatizamos que debemos trabajar en conjunto con metas claramente definidas. Estas metas están a continuación detalladas en un plan de rectificación.

Preámbulo
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos guían en nuestra forma de pensar sobre los sistemas que van en contra de la marginación, separación y opresión de los pueblos.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que parte de lo que significa ser libre es la capacidad de buscar “vida, libertad y felicidad.” La Declaración de Independencia pone en claro que los gobiernos solo existen para proteger los derechos inherentes otorgados por Dios a las personas. Esto además dice que la autoridad de los gobiernos únicamente deriva del consentimiento de aquellos que están siendo gobernados.

La 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece “la igualdad de protección bajo la ley.” En la interpretación de este principio, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha dicho que “la enmienda incapacita al Estado de privar inmerecidamente a un ciudadano de los Estados Unidos, a cualquier persona sin importar quien sea, de vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, o de negarle a esta persona la igualdad de protección por las leyes del Estado… [Esto incumbe a] todas aquellas personas quienes pudieran estar dentro de esta jurisdicción.”

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, clarificó que esto significa hablar de libertad y derechos inherentes en el mundo moderno. En particular, las Naciones Unidas señalan que esto pudiera no pasar si nosotros viviéramos juntos “en un espíritu de hermandad.” Nadie, esto dice, “deberá ser sometido en esclavitud o servidumbre.” Nadie deberá ser “sometido a tratamiento de crueldad, inhumanidad, degradación o castigo.” Nadie deberá ser “sometido a arresto arbitrario, detención o exilio.” Nadie deberá ser “arbitrariamente privado de su propiedad.”

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La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas además enfatizó en qué consiste la libertad. Esta consiste en el derecho de una persona a “dejar cualquier país, incluido el propio y regresar a su país,” el “derecho a la nacionalidad,” “el derecho de no ser arbitrariamente privado de su nacionalidad o de negarle el derecho de cambiar su nacionalidad,” el derecho “a poseer su propiedad solo o en asociación con otras personas,” el “derecho de tomar parte en el gobierno de su país,” “el derecho a los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.”

 

 

Cada uno, las Naciones Unidas prosigue, tiene el derecho a “trabajar, a libre opción de empleo, a justas y favorables condiciones de trabajo y a protección contra desempleo,” el derecho a “pago equitativo por trabajo equitativo” y a una “justa y favorable remuneración para él y su familia.” Cada uno, tiene “el derecho a formar y unirse a sindicatos para la protección de sus intereses.”

En 2006, reconociendo “la urgente necesidad a respetar y promover los derechos inherentes de las personas indígenas los cuales derivan de… sus tierras, territorios y recursos,” las Naciones Unidas adoptaron una Declaración Especial de los Derechos de las Personas Indígenas. Esta estipuló que las personas indígenas tienen derechos “colectivos” como también individuales para el pleno disfrute de “la ley internacional de los derechos humanos” incluyendo el “derecho a la autodeterminación,” el individual “derecho a la nacionalidad,” y el derecho a “vivir en libertad, paz y seguridad como personas distintivas.”

Para que eso finalice, los miembros del Estado “proveerán de mecanismos efectivos para su prevención, y de arreglos para “cualquier acción la cual tenga el efecto de privarlos de su integridad como personas distintivas” o “despojarlos de sus tierras, territorios o recursos.” Más adelante, esta dice que “ninguna relocación tomará lugar sin el libre, previo e informado consentimiento de las personas indígenas involucradas y después de acordar en una justa y equitativa compensación y, donde sea posible con la opción de regresar.”

Esto además dice “que las personas indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en cuestiones que pudieran afectar sus derechos” y que cuando ellos hayan sido “privados de sus conceptos de subsistencia y desarrollo [ellos] están titulados a un justo y equitativo arreglo.”

Ellos tienen el “derecho a mantener y a fortalecer su propia relación espiritual con sus propias costumbres y con las tierras, territorios, aguas, costas marinas y otros recursos que han usado y poseído y de defender sus responsabilidades para futuras generaciones en este ámbito.” Finalmente, esta Declaración establece que todas estas especificaciones no son más que los “estándares mínimos”.

Cuando nosotros consideramos migración no autorizada a través de las especificaciones de estas prescripciones para “vivir en hermandad,” nosotros vemos que los derechos humanos básicos están siendo totalmente negados en cada ocasión. Nosotros enfatizamos en que las negaciones de estos derechos son además contrarias a la acordada ley internacional.

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Existe una conclusión entre historiadores quienes analizan las políticas económicas desde la perspectiva de la gente pobre que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLNC) ha sido el principal factor de empuje detrás de la migración no autorizada de gente pobre e indígenas de Latinoamérica a los Estados Unidos. Este acuerdo por sí mismo admite que pequeños y tradicionales agricultores en México, por ejemplo, tuvieron que ser sujetos a competencia por corporaciones de granjas fuertemente subsidiadas en los Estados Unidos. Este admite que alzando las tarifas que las corporaciones de Estados Unidos previamente habían pagado en orden de transportar sus productos a México por ejemplo, y quitando los apoyos que el gobierno mexicano había ofrecido por largo tiempo a los agricultores tradicionales cuando estos rechazaron el artículo 27 de la Constitución Mexicana, que un gran número de estos agricultores serían forzados a abandonar sus tierras para emigrar.

Posteriores tratados de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA), el Libre Tratado de China, y otros han tenido efectos similares. En octubre del 2011, el Presidente Barack Obama firmó adicionales tratados de libre comercio con Perú, Colombia y Corea del Sur. Debemos anticipar que nuevos tratados de libre comercio tendrán las mismas consecuencias de los anteriores principalmente creando más desplazamientos de gente y empujandolos a emigrar. Además notamos que los desplazamientos causados por tratados de libre comercio en una escala más pequeña tomarán lugar dentro de los Estados Unidos. La devastación de la industria textil de Alabama es un ejemplo de esta situación.

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Una consecuencia a la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TNLC) en 1992 fue la militarización de la frontera Estados Unidos – México. A la fecha, aproximadamente 5000 hombres, mujeres, niños y bebés han muerto como resultado de intentar cruzar esta frontera.

La militarización dió lugar a la prioridad de bloquear las áreas urbanas a lo largo de la frontera las cuales eran los caminos más seguros por los cuales los migrantes tradicionalmente habían entrado a los Estados Unidos desde Latinoamérica. La teoría llevada a cabo en la frontera suroeste de los Estados Unidos fue que los migrantes evitarían áreas urbanas militarizadas, serían empujados a cruzar a través de aislados y peligrosos lugares de la frontera, especialmente a través del desierto de Sonora, algunos morirían y se pasaría la voz hasta llegar a las comunidades de Latinoamérica, y los migrantes pararían de intentar cruzar. Esto fue implementado como una parte de la política de “impedimento.” En adición, muchos migrantes reportaron rutinariamente ser sujetos a tratamiento cruel y humillante a manos de oficiales fronterizos. Notamos que más allá de la militarización de la frontera Estados Unidos – México ha sido parte de cada plan para las “reformas integrales de migración” que ha traído antes el Congreso de los Estados Unidos en años recientes.

La razón por la cual los migrantes cruzan ilegalmente arriesgando su dignidad, su propiedad y sus vidas es porque los Estados Unidos no les permite cruzar legalmente. Estados Unidos tiene dos sistemas de entrada legales. Uno para Canadienses y Europeos del Oeste quienes pudieran cruzar la frontera de Estados Unidos únicamente con un pasaporte, otro es para latinoamericanos, africanos y asiáticos quienes deben tener una visa adherida a su pasaporte. Esta gente debe calificar demostrando que ellos tienen ambos dinero y un título de propiedad para poder cruzar nuestra frontera legalmente.

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La excepción a la prohibición de los Estados Unidos a personas pobres e indígenas es la H2A o H2B visa para trabajadores temporales. Sin embargo el Centro Sureño de Leyes para la Pobreza (SPLC) ha aclarado que el Programa de los Trabajadores Temporales esta “cerca de la esclavitud” como su reporte en la visa fue titulado. La visa legalmente somete al trabajador al empleador que lo importa. El trabajador no puede legalmente dejar al empleador aún cuando el trabajador es abusado. El SPLC describe con precisión que el programa es como “servidumbre por contrato” y “trata de personas.”

Hemos notado que la mayor extensión de visas para trabajadores temporales ha sido parte de cada plan para la “reforma integral de migración” que ha traído antes el Congreso de los Estados Unidos en años recientes.

Los números desproporcionados de aquellos que son forzados a abandonar sus tierras a consecuencia de los tratados de libre comercio y sus políticas pertenecen a la gente indígena.

Muchos observadores señalan que pueblos enteros en las zonas indígenas son ahora ciudades fantasmas o ciudades pobladas solamente por mujeres jóvenes, niños y ancianos.
Los estudios indican que un número desproporcionado de los cuerpos de migrantes recuperados en el desierto de Sonora provienen de las zonas indígenas del sur de México y Guatemala, por ejemplo.

También notamos que el requisito de tener un título de propiedad no es válido para los indígenas que viven en tierras comunitarias siendo esto es un impedimento para venir a los Estados Unidos legalmente.

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Millones de personas han sido desplazadas en América Latina, en particular debido a las políticas económicas de los Estados Unidos, especialmente el TLCAN. Los Estados Unidos y demás signatarios, Canadá y México, claramente sabían de esto cuando se firmó el tratado. Este conocimiento previo se indica tanto en el tratado como en la Estrategia Fronteriza del Suroeste. Ahora millones de estas personas desplazadas se encuentran en los Estados Unidos.

Ellos viven bajo la constante amenaza de deportación. Notamos que aproximadamente 1.5 millones de personas fueron deportadas durante la primera administración del Presidente Obama. El Congreso de los Estados Unidos ha autorizado un fondo monetario para deportar 400,000 personas al año, y para hacer esto ha incrementado el fondo monetario para el Departamento de Seguridad Nacional.

Los Estados Unidos también tienen un creciente interés de lucro en su sistema penitenciario con lo que está haciendo enormes sumas de dinero de las deportaciones. El fuertemente financiado sistema de deportación causa un gran sufrimiento a aquellos que son deportados. Además se están desintegrando familias Estadounidenses al ser deportados los cónyuges y los niños son separados de sus familiares que muchas veces son ciudadanos estadounidenses. Esto además ha forzado que miles de ciudadanos vayan al exilio, cónyuges e hijos que siguen a sus deportados o de otra forma esperar el regreso de sus seres queridos repatriados. Muchos de estos ciudadanos americanos en el exilio se convirtieron en aquellos que viven sin ningún estatus legal en el país natal de sus seres queridos. Las barreras legales que enfrentan cónyuges e hijos de aquellos que han sido deportados dejan a muchos sin ninguna esperanza de vivir en algún lugar legalmente como familias.

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En suma, a muchos les es negado el debido proceso garantizado por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y son sometidos a discriminación racial y étnica, detención por meses sin cargos, audiencias secretas y “racionalizados” procesos judiciales, de los cuales la Operación Streamline de Arizona es un ejemplo de ello.

Trabajadores en los Estados Unidos, México y otros lugares cada vez más están siendo sometidos a un nivel de presión que van desde el “derecho a trabajar” y leyes para criminales, lo cual hace más difícil para ellos negociar colectivamente afectando así otros medios para conseguir salarios justos, buenas condiciones de trabajo y beneficios.
Trabajadores no autorizados son victimizados por prácticas abusivas que incluyen redadas en los lugares de trabajo y sistemas electrónicos legales de verificación de empleo [e-verify].

Una importante amenaza a la vida de migrantes e inmigrantes incluyendo niños en los Estados Unidos es la aprobación de la Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo y Ley de Reconciliación (PRWORA) en 1996. Señalando que había “un urgente interés del gobierno para eliminar el incentivo para la migración ilegal proveído por la disponibilidad de beneficios públicos”, por primera vez, la ley de 1996 vinculó la elegibilidad de los inmigrantes legales para recibir Medicaid de acuerdo al tiempo de residencia en los Estados Unidos. Estas restricciones, además aplicaban los Programas Estatales de Aseguranza para Salud de los Niños (SCHIP), el cual fue establecido en 1997. PRWORA y SCHIP abarcaron la mayoría de los inmigrantes, incluyendo residentes permanentes legales y a otros migrantes los restringieron a cinco años para su elegibilidad.

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Conclusión:
Lo que nosotros vemos en esencia es el crecimiento del número de personas prácticamente sin nacionalidad, quienes no tienen el significado de ciudadanía en ningún lugar, los esfuerzos para protegerse ellos mismos, sus familias y sus maneras de vivir les están siendo arrancados sistemáticamente. Derechos humanos fundamentales incluyendo el derecho a vivir, libertad y la búsqueda de la felicidad, les son prácticamente arrebatados. Derechos humanos fundamentales incluyendo el más específico derecho al significado de nacionalidad, a cambiar de nacionalidad, a mantener una identidad étnica, a cruzar fronteras legalmente, a no ser tomados como esclavos, a no ser sujetos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sujetos a arrestos arbitrarios, detención o exilio, de no ser privado de propiedad, de tener una propiedad colectivamente o individualmente, de tener la libertad a tener un empleo y favorables condiciones de trabajo, el derecho a pago equitativo por trabajo equitativo, el derecho de formar y de unirse a sindicatos, y el derecho a procesos justos que están siendo negados por el sistema. Hemos notado también, que cuando esos derechos son rechazados por acuerdo internacional a personas que estaban tituladas a esos derechos, les fueron negados sus derechos a compensación.

Plan de Enmienda:
Nosotros proponemos el siguiente Plan Integral de Justicia para Migrantes.
En particular, pedimos que las muertes de migrantes a lo largo de la frontera Estados Unidos –México paren inmediatamente.

1.- Crear una económica y rápida obtención de visas que permita a la gente, incluyendo a las personas de bajos recursos, personas indígenas que vivan y posean tierras comunitarias sin importar sus conocimientos o perspectivas de salario, venir los Estados Unidos de Latinoamérica, África y Asia.

2.- Desmilitarizar la frontera de Estados Unidos-México.

3.- Detener las deportaciones hasta que estas puedan ser desligadas del Departamento de Seguridad Nacional, de la industria de prisiones con fines de lucro y de cuotas.

4.- Abolir el H2A/H2B Programa de Trabajadores Temporales.

5.- Detener la firma y aplicación de los tratados de libre comercio y retroceder en aquellas partes que están en vigor actualmente.

6.- Restaurar procesos justos.

7.- Crear un estatus legal para personas sin estatus legal en la actualidad en los Estados Unidos, incluyendo pero no limitando a su vez un camino a la ciudadanía.

8.- Ayudar a los indígenas a recuperar las tierras que tradicionalmente les han pertenecido en Latinoamérica y la repatriación a esas tierras a aquellos que lo deseen.

9.- Fortalecer el derecho al trabajador local, extranjero y transnacional para organizarse y negociar colectivamente (sindicalización).

10.- Levantar las barreras legales que han sido impuestas a los deportados y habilitar el regreso de repatriados a los Estados Unidos, barreras que seguido obstaculizan a cónyuges e hijos de ciudadanos americanos su derecho a regresar.

11.- Proveer de una remuneración a las familias con ciudadanía americana de deportados para cubrir los gastos relacionados al dejar los países a los cuales ellos hayan sido exiliados.

12.- Desbloquear las barreras para los migrantes e inmigrantes para la elegibilidad a Medicaid y SCHIP.

Elaborado por:
Ellin Jimmerson, Huntsville, AL, EE. UU. , 12 de Enero del 2013.
Traducico por Adryana Luna, Winnipeg, CAN

Firmado por:
Ellin Jimmerson, The Huntsville Immigration Initiative, Huntsville, Alabama.

Platform for Comprehensive Migrant Justice

The orientation of this platform for Comprehensive Migrant Justice is towards justice rather than political expediency.

It is my belief that justice can be done only when the injustice of the current system is exposed carefully and completely. The emphasis in this platform, which I wrote after numerous conversations with other advocates, is on working in concert towards clearly articulated goals.

The preamble sets out the rationale for the platform. The particular goals are listed below in a “plan for redress.”

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Preamble

The United States’ Declaration of Independence, the US Constitution, US Supreme Court, and the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights guide can guide us in our thinking about systems which tend toward the marginalization, dislocation, and oppression of peoples. The United States’ Declaration of Independence says that part of what it means to be free is to have the ability to pursue “life, liberty, and happiness.” The Declaration of Independence makes it clear that governments only exist in order to protect these God-given “unalienable” rights.

 

The US Declaration of Independence also says that governments derive their authority only from the consent of the ones being governed.

The 14th Amendment to the United States Constitution provides for “equal protection under the law.” In interpreting this principle, the US Supreme Court has said that “the amendment disable[s] a State from depriving not merely a citizen of the United States, but any person, whoever he may be, of life, liberty, or property without due process of law, or from denying to him the equal protection of the laws of the State. . . . [This pertains to] all persons who may happen to be within their jurisdiction.”

In 1948, the United Nations’ General Assembly, in its Universal Declaration of Human Rights, clarified what it means to speak of freedom and inalienable rights in the modern world. In particular, the UN addressed what may not happen if we are to live together “in a spirit of brotherhood.” No one, it says, “shall be held in slavery or servitude.” No one shall be “subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” No one shall be “subjected to arbitrary arrest, detention or exile.” No one shall be “arbitrarily deprived of his property.”

The UN Declaration of Human Rights also articulated of what freedom consists. It consists of the right of a person to “leave any country, including his own, and to return to his country,” the “right to a nationality,” the right not to be “arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality,” the right “to own property alone as well as in association with others,” the “right to take part in the government of his country,” the right to “the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”

Everyone, the UN goes on to say, has the right to “work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment,” the right to “equal pay for equal work” and to “just and favorable remuneration for himself and his family.” Everyone has “the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.”

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In 2006, recognizing “the urgent need to respect and promote the inherent rights of indigenous peoples which derive from . . . their lands, territories and resources,” the United Nations adopted a special Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It stipulated that indigenous peoples have “collective” as well as individual rights to the full enjoyment of “international human rights law” including the “right to self-determination,” the individual “right to a nationality,” and the right to “live in freedom, peace and security as distinct peoples.”

To that end, the member States “shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for “any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples” or “dispossessing them of their lands, territories or resources.” Further, it says that “no relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.” It also says that “indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights” and that when they have been “deprived of their means of subsistence and development [they] are entitled to just and fair redress.”

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They have the “right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.” Finally, this Declaration states that all these specifications are but “minimum standards.”

When I consider unauthorized migration through the lenses of these prescriptions for “living in brotherhood,” I see that basic human rights are willfully being denied at every turn. The denials of these rights also are contrary to agreed-upon tenets of international law.

 

There is consensus among historians who analyze economic policies from the perspective of poor people that the North American Free Trade Agreement (NAFTA) has been the primary “push” factor behind the unauthorized migration of poor and indigenous peoples from Latin America to the United States. The Agreement itself acknowledged that small, traditional farmers in Mexico, for example, were to be subjected to competition from heavily subsidized corporate farms in the United States. It acknowledged that by lifting the tariffs that US corporations previously had paid in order to export their products to Mexico, for example, and by removing the supports the Mexican government long had offered traditional farmers when it repealed Article 27 of the Mexican Constitution, that large numbers of those farmers would be forced off their lands and into migration.

Subsequent Free Trade Agreements, including the Central American Free Trade Agreement (CAFTA), the China Trade Agreement, and others have had similar effects. In October, 2011, President Barack Obama signed additional Free Trade Agreements with Panama, Colombia, and South Korea. We must anticipate that new Free Trade Agreements will have the same consequences as previous ones, primarily creating more displacements of people and pushing them into migration.

Displacements caused by Free Trade Agreements on a smaller scale have take place within the United States. The devastation of Alabama’s textile industry is a case in point.

A corollary to the signing of NAFTA in 1992 was the militarization of the United States / Mexico border. To date, approximately 6,000 men, women, children, and babies have died as a result of attempting to cross this border. Militarization placed a priority on the sealing off of the urban areas along the border which were the safest paths by which migrants traditionally had entered the US from Latin America.

The theory, articulated in the US Southwest Border Strategy, was that migrants would avoid the militarized urban areas, be pushed into crossing through isolated and dangerous stretches of the border, especially through the Sonora Desert, some would die, word would get back to Latin American communities, and migrants would stop trying to cross. This was articulated as part of its policy of “deterrence.”

In addition, many migrants routinely report being subjected to cruel and humiliating treatment at the hands of border enforcement officials.

Further militarization of the US / MX border has been part of every plan for “comprehensive immigration reform” that has come before the United States Congress in recent years.

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The reason migrants cross illegally, risking their dignity, their property, and their lives is because the United States does not allow them to cross legally.

The United States has two legal entry systems.

One is for Canadians and Western Europeans who may cross US borders with only a passport. Another is for Latin Americans, Africans, and most Asians who must have a visa affixed to their passport. These people must qualify by demonstrating that they have both money and title to property in order to cross our borders legally.

The exception to the United States’ ban on poor and indigenous is the H2A or H2B Guest Worker Visa. However, as the Southern Poverty Law Center [SPLC] has made clear, the Guest Worker Program is “Close to Slavery” as its report on the visa was titled. The visa legally binds the worker to the employer who imports the worker. The worker may not legally leave a employer even when the worker is abused. The SPLC accurately describes the program as “indentured servitude” and “human trafficking.”

Major extensions of the Guest Worker Visa have been part of every plan for “comprehensive immigration reform” that has come before the United States Congress in recent years.

Disproportionate numbers of those forced off their lands by Free Trade Agreements and corollary policies and decisions have been indigenous peoples. Many observers note that entire towns in indigenous areas are now ghost towns or towns populated only by young women, children, and elderly people. Studies indicate that a disproportionate number of migrant bodies recovered from the Sonora Desert can be traced back to indigenous areas in southern Mexico and Guatemala, for example.

The requirement that people hold title to land automatically bars indigenous people who live on communally-held lands from coming to the United States legally. Millions of peoples have been displaced in Latin America in particular because of the United States’ own economic policies, especially NAFTA. That the United States and the other signatories, Canada and Mexico, knew this when they signed the Agreement is clear.

This prior knowledge is evident in both the Agreement and in the Southwest Border Strategy.

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Now millions of these displaced people are in the United States. They live under the constant threat of deportation. Approximately 2.8 million people have been deported during President Obama’s administration.

The United States Congress has authorized funding to deport 400,000 people a year and to carry this out, has increased funding to the Department of Homeland Security.

The US also has a burgeoning for-profit prison system which is making enormous sums of money from deportations. The heavily-funded deportation system causes great hardship to the ones being deported. In addition, it is tearing apart US citizen families as deported spouses and children are taken from their US citizen family members.

Deportation also has created thousands of citizens in exile–spouses and children who follow their deported or otherwise repatriated loved ones to wait out the bars to returning. Many of these US citizens in exile then become the ones living without lawful status in their loved one’s home country. Bars on the lawful entry of their deported spouses and children, leave many without any hope of being able to live anywhere lawfully as families.
In addition, many are denied the due process guaranteed by the 14th Amendment to the US Constitution and are subjected to racial and ethnic profiling, detention for months without charges, secret hearings, and “streamlined” court trials of which Arizona’s Operation Streamline is a case in point.

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Laborers in the United States, Mexico and elsewhere increasingly are being subjected to a range of pressure ranging from “right to work” laws to murder which make it hard for them to bargain collectively and in other ways act in concert for good wages, working conditions, and benefits.Unauthorized laborers in the US also are victimized by abusive practices including workplace raids and electronic legal employment verification systems [e-verify].

An important threat to life for immigrants and migrants, including immigrant and migrant children, in the US was passage of the Personal Responsibility and Work Opportunity and Reconciliation Act (PRWORA) in 1996. Stating that there was “a compelling government interest to remove the incentive for illegal immigration provided by the availability of public benefits,” for the first time, the 1996 law tied legal immigrants’ eligibility for Medicaid to their length of residency in the US. These restrictions also applied to State Children’s Health Insurance Programs (SCHIP), which was established in 1997. PRWORA and SCHIP subject most immigrants, including legal permanent residents, and migrants to five year bars on eligibility.

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Conclusion

What I see in essence is the burgeoning of people who essentially are stateless.

They have no meaningful citizenship anywhere. Their every effort to protect themselves, their families, and their ways of life are being systematically taken from them. Fundamental human rights including the general rights to life, liberty, and the pursuit of happiness are being systematically taken away. Fundamental human rights including the more specific right to a meaningful nationality, to change nationality, the right to maintain nationality, to maintain ethnic identity, to cross borders legally, not to be held in slavery, not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment, not to be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile, not to be deprived of property, to hold property collectively as well as individually, to free choice of employment and favorable conditions of work, the right to equal pay for equal work, the right to form and join trade unions, and the right to due process are being systematically denied.

I believe that when these rights are denied, according to international agreement, people whose rights have been denied are entitled to redress.

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Plan for redress

I propose the following plan for Comprehensive Migrant Justice. In particular, I ask that the deaths of migrants along the United States / Mexico border be stopped immediately.

1. Create an inexpensive, quickly obtained visa that allows people, including poor people and indigenous people who live on communally-held lands, and without respect to their skill or wage earning prospects, to come to the United States from Latin America, Africa, and Asia

2. De-militarize the US / Mexico border

3. Halt deportations until they can be detached from the Department of Homeland Security, the for-profit prison industry, and quotas

4. Abolish the H2A / H2B Guest Worker Program

5. Stop the signing and implementation of Free Trade Agreements and roll back on those parts which now are in effect

6. Restore due process in removal proceedings

7. Create a lawful status for people without lawful status currently in the United States including, but not limited to, a path to citizenship

8. Aid indigenous people’s recovery of what traditionally have been communally-held lands in Latin America and the repatriation to those lands of those who wish it

9. Strengthen the right to organize and bargain collectively (unionize) by domestic, foreign, and transnational labor

10. Lift the legal bars that have been imposed on deportees’ and otherwise repatriated people’s ability to return to the US, bars which often act as practical bars to their US citizen spouses’ and children’s ability to return

11. Provide redress to the US citizen families of deportees by providing for expenses involved in leaving the countries to which they have entered into exile

12. Lift Medicaid and SCHIP bars to eligibility for immigrants and migrants
Finalized by Ellin Jimmerson, January 12, 2013; amended August 5, 2016

All photographs are of aluminum cutouts by artist, Alfred Quíroz, used by permission. ©Huntsville Immigration Initiative, LLC